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¿Sabía usted que cuando las personas naturales experimentan una inestabilidad financiera por problemas que se les escapan de las manos y no pueden cumplir con los acuerdos establecidos con sus acreedores, la ley también las protege? Si no lo sabías, ¡esta información te será útil!
El artículo 531 de la ley de insolvencia individual establece las pautas y parámetros para que las personas físicas puedan validar los acuerdos de pago entre deudores y acreedores. Los deudores tienen las siguientes alternativas para negociar con los acreedores:
Sólo iniciarán el primer supuesto, las personas que hayan incurrido en mora respecto de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores, por más de 90 días; también, quienes tengan en contra dos o más procesos administrativos o de jurisdicción coactiva.
El segundo supuesto puede ser tramitado por una persona que estando en mora dentro de los 120 días, pueda solicitar la convalidación del acuerdo privado que haya celebrado con un número plural de acreedores, que representen más del sesenta por ciento (60%) del monto total del capital.
Vox
Insolvencia significa que una persona u organización no tiene suficiente dinero para pagar a todas las personas a las que les debe dinero[1] Los distintos países tienen diferentes definiciones de lo que significa exactamente la insolvencia, pero normalmente significa eso:
Aparte de la quiebra, existen otros riesgos de ser insolvente. Muchos países tienen leyes para proteger al público, lo que significa que los directores de una empresa que siguen operando mientras la empresa es insolvente pueden tener que pagar una indemnización a los acreedores y, en algunos casos, incluso pueden ser condenados por un delito.
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Una de las preocupaciones más comunes de los acreedores en el marco de un procedimiento de insolvencia es la ocultación de activos para evitar los pagos. La falta de control sobre las acciones del deudor durante el período anterior a la apertura del procedimiento de insolvencia aumenta el riesgo de que se produzcan estas transferencias en detrimento de la masa de la insolvencia. La Ley 1116 de 2006 (“Ley 1116”) incluye un período de preferencia en el que las acciones del deudor están sujetas a control y pueden ser revocadas. Este artículo pretende mostrar los principales elementos y características de las acciones de claw back bajo la Ley 1116, y los casos más relevantes que ha desarrollado la Superintendencia de Sociedades, que actúa como tribunal concursal para las organizaciones empresariales.
Los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 regulan las acciones claw back que tienen por objeto revocar (‘acción revocatoria’) o recaracterizar (‘acción de simulación’) los actos realizados por el deudor antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia -ya sea de reorganización o de liquidación judicial- que afecten negativamente a los acreedores o al orden de prelación de pagos. Las acciones de reintegración pretenden restablecer el patrimonio del deudor, siempre que éste se haya visto perjudicado como consecuencia de los actos realizados antes de la apertura del concurso. Su finalidad principal es “reconstituir el patrimonio del deudor y retrotraer todos los efectos que el contrato o la operación hayan podido producir, dado que necesariamente ponen en peligro su integridad” El artículo 74 de la Ley 1116 colombiana introduce dos tipos diferentes de acciones de reintegración. El primer tipo está dirigido a revocar cualquier acto realizado por el deudor antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, que haya causado o agravado la insolvencia. El segundo tipo tiene por objeto recalificar cualquier operación simulada realizada por el deudor con el fin de ocultar un acto fraudulento.
Colombia
La definición de insolvencia es notoriamente difícil de definir y a menudo da lugar a litigios. El Tribunal de la Cancillería de Delaware señaló en Prod. Res. Group, L.L.C. v. NCT Group, Inc. que “no siempre es fácil determinar si una empresa cumple siquiera la prueba de solvencia”. En la práctica, los abogados pueden pasar más tiempo litigando sobre cómo determinar la insolvencia que litigando sobre si una empresa determinada es solvente. Un destacado tratado sobre quiebras señala que los litigios sobre el significado de la insolvencia “generan una formidable y, en apariencia, no siempre coherente corriente de adjudicaciones”.
Existen dos definiciones principales de insolvencia en Estados Unidos: la primera, insolvencia de balance, se produce cuando el pasivo del deudor supera su activo. La segunda, la insolvencia de flujo de caja, se produce cuando el deudor no puede pagar sus deudas a su vencimiento debido a la falta de liquidez financiera del deudor, pero no por su falta de activos.
La prueba del balance pregunta si los activos de una empresa son mayores que sus pasivos. El Código de Quiebras define “insolvente” como “una situación financiera tal que la suma de las deudas de dicha entidad es mayor que todos sus bienes, según una valoración razonable”. Por lo tanto, según el Código de Quiebras, la insolvencia es “esencialmente una prueba de balance”. Un deudor es insolvente cuando el pasivo del deudor supera el activo del deudor, excluyendo el valor de las preferencias, las transmisiones fraudulentas y las exenciones; en esta situación, el deudor tiene un activo neto negativo. Como el Quinto Circuito declaró con precisión en Langham, Langston & Burnett v. Blanchard, “[uno] es insolvente bajo el estatuto [de bancarrota] cuando sus activos, si se convierten en dinero en efectivo, en una venta justa no forzada no pagarán [sus deudas]”.