¿Cuál es la política criminal en el Perú?

ISSUP 2019- Día 2 Parte 5

El 26 de abril de 2020 escribí un artículo en este mismo espacio titulado “Cuarentena, Estado de Emergencia, Estado de Ejecución y Pandemia en el Perú” donde describí cómo el coronavirus había afectado el Estado de Derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros puntos, destaqué que, a pesar de nuestras deficiencias institucionales y de la precariedad de nuestro sistema de salud, esta situación excepcional no había dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos ni a infracciones del Estado de Derecho, salvo en casos aislados.

En primer lugar, una crisis política y social sacudió al país, terminando con la destitución del ex presidente de la República, Martín Vizcarra, por un Congreso con segundas intenciones: fue declarado con “incapacidad moral permanente” por presuntos actos de corrupción que cometió cuando era gobernador de Moquegua, región del sur del país, pero la verdadera razón detrás de la determinación de “incapacidad moral permanente” fue que un grupo de parlamentarios quería ocupar su cargo. Esto ralentizó las negociaciones del Estado peruano con los laboratorios médicos internacionales y los esfuerzos para adquirir vacunas contra esta enfermedad, hasta el punto de que el nuevo gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti sólo pudo conseguir la llegada del primer lote de vacunas Sinopharm desde China el 13 de febrero de 2021. En comparación con otros países latinoamericanos, hemos sido de los últimos en poner en marcha una iniciativa de vacunación masiva y asegurar que haya suficientes vacunas para toda la población.

El criminal más buscado de Perú aterriza en Lima

La independencia de Perú se declaró en 1821. El liderazgo democrático se estableció por primera vez en 1980, en medio de la violenta insurgencia de Sendero Luminoso y las dificultades económicas. El presidente Alberto Fujimori gobernó a partir de 1990 y comenzó a impulsar la mejora económica y la lucha eficaz contra los movimientos guerrilleros. Sin embargo, la creciente dependencia de las tácticas autoritarias combinada con la lucha económica provocó el descontento con su liderazgo y provocó su dimisión en 2000. Un gobierno provisional celebró elecciones en 2001, que llevaron a la presidencia a Alejandro Toledo Manrique. A partir de 2006 Alan García Pérez volvió a ser Presidente, antes de que Ollanta Humala Tasso asumiera el poder a partir de 2011.

El 11 de agosto de 1977, Perú firmó y el 28 de abril de 1978 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el “Pacto”). Como parte de este Pacto, Perú está obligado a respetar los derechos civiles y políticos contenidos en él. En concreto, el artículo 14 reconoce y protege una serie de derechos procesales del acusado, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley; el derecho a un juicio justo y público por un tribunal competente, independiente e imparcial; el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad; el derecho a la notificación de los cargos; el derecho a un juicio rápido; el derecho a la asistencia letrada; el derecho a interrogar a los testigos de cargo; el derecho a no autoinculparse; el derecho a apelar; y el derecho a no ser juzgado dos veces[2].

Una ciudad de cocaína, sicarios y guerras entre bandas [Perú

Entre otras recomendaciones presentadas por la Oficina en 2020 se encuentran el fortalecimiento de las autoridades a través de la capacitación y la creación de grupos especializados y de élites de investigación, y el trabajo articulado a través de mecanismos operativos de respuesta.

El proyecto beneficia a ocho países de Sudamérica y el Caribe con acciones nacionales y regionales en Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Aruba.

El objetivo general del proyecto es mejorar la respuesta regional de la justicia penal a la trata de personas en los flujos migratorios de los países beneficiarios a través de un enfoque multidisciplinario y centrado en las víctimas, con acciones a nivel regional y nacional para identificar a las víctimas, aumentar los procesos judiciales y prevenir el delito.

Perú: El fiscal quiere que Keiko Fujimori vuelva a la cárcel

Al igual que la mayoría de los países de la región latinoamericana, Perú aún no ha adoptado una estrategia nacional de ciberseguridad ni políticas relacionadas con la lucha contra la ciberdelincuencia. El Gobierno de Perú ha participado activamente en el marco de la Estrategia Interamericana para Combatir las Amenazas a la Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Perú es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con una ley independiente que castiga y sanciona los delitos cibernéticos (Ley 30096 de Delitos Informáticos), vigente desde octubre de 2013 y posteriormente modificada por la Ley N° 30171, de fecha 10 de marzo de 2014 y que adopta -en cierta medida- algunas de las disposiciones de derecho sustantivo del Convenio de Budapest.

Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-RE, de fecha 10 de marzo de 2019, el Gobierno peruano ratificó el Convenio de Budapest. Este Convenio fue publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 22 de septiembre de 2019 y en él se señala que la fecha de su entrada en vigor es el 01 de diciembre de 2019.

Discriminación racial, religiosa, sexual, genética, por edad, por discapacidad, por idioma, por identidad étnica y cultural, por vestimenta, por opinión política o por condición económica a través de las tecnologías de la información y la comunicación (Art. 323 del Código Penal)