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La política energética de México en tiempos de Covid-19
cubre temas comunes en las leyes y regulaciones de energía renovable, incluyendo una visión general del sector de energía renovable, el mercado de energía renovable, la venta de energía renovable y los incentivos financieros, consentimientos y permisos y almacenamiento .
La política energética, en su conjunto, está dictada por la Constitución Federal de México (la “Constitución”) y por los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha política se aplica a través de la legislación secundaria, las reglas de la red y las directrices del mercado. El concepto de “energía limpia” se define en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) como aquellas fuentes de energía y procesos de generación de energía cuyas emisiones o residuos, en caso de existir, no superan los umbrales establecidos en la normativa aplicable, incluyendo la eólica, solar, hidráulica, biomasa, geotérmica y otras fuentes comúnmente conocidas.
A pesar de que las disposiciones de la Constitución, los tratados internacionales y la legislación de aplicación apoyan el desarrollo de las energías limpias, la administración actual ha estado actuando en contra de tales principios con la intención de restablecer el monopolio nacional mediante el establecimiento de barreras injustificadas contra los proyectos energéticos privados en general y, en particular, contra las fuentes renovables sobre la base de su naturaleza intermitente y, supuestamente, sus efectos negativos sobre la fiabilidad de la red.
Cómo podría repercutir la política energética y medioambiental de Biden en EE.UU.
México cuenta con una amplia y diversa base de recursos energéticos renovables. Con la combinación adecuada de políticas, el país podría atraer inversiones a gran escala para diversificar su suministro de energía, con el potencial de aumentar la proporción de energías renovables modernas en el consumo total de energía final hasta el 21% en 2030, frente al 4,4% en 2010. Esto reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y podría suponer un ahorro neto de 1.600 millones de dólares anuales en costes del sistema energético. Si se tienen en cuenta los beneficios de la reducción de los daños a la salud y de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el ahorro podría ser diez veces mayor.
Sin embargo, los planes actuales sólo permitirían alcanzar una cuota de renovables del 10% en 2030. Para liberar el potencial de las energías renovables en México se necesitan cambios políticos en el mercado eléctrico, con la planificación de la ampliación de las infraestructuras y la integración en la red. También se necesitan nuevas políticas para promover la adopción de energías renovables para aplicaciones de calor y combustible en los edificios, la industria y el transporte.
La ampliación de las energías renovables puede impulsar la diversificación del suministro energético de México, reduciendo potencialmente la demanda de carbón en un 62%, la de gas natural en un 21% y la de petróleo en un 6% en 2030, en comparación con lo que lograrían las políticas actuales. México podría generar hasta el 46% de su electricidad, o 280 teravatios-hora (TWh), a partir de fuentes renovables cada año. Esto requeriría el despliegue de 30 gigavatios (GW) de energía eólica y 20 GW de generación de energía solar fotovoltaica (FV), que podrían representar un 26% combinado de la generación total de energía en 2030. Las pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas podrían aportar alrededor del 12% (26 GW), la energía geotérmica el 5% (4,3 GW) y la biomasa el 2,5% (4 GW).
Juegos de poder: Examinando la nueva Ley de la Industria Eléctrica de México
A pesar de la creciente concienciación sobre las cuestiones medioambientales, México recibe una clasificación general comparativamente baja (puesto 33) con respecto a las políticas medioambientales. Su puntuación en este ámbito ha mejorado en 0,2 puntos con respecto a 2014.
En 2012 entró en vigor una ley histórica sobre el cambio climático, pero su aplicación sigue siendo lenta a nivel federal y estatal. Una reforma energética ha hecho que el sector de las energías renovables sea más estable y competitivo. Sin embargo, el país es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero de América Latina.
Siguen existiendo graves problemas medioambientales, como el suministro de agua potable, la contaminación del aire en Ciudad de México y la deforestación y la erosión en las zonas rurales. Se han hecho avances en la política, sobre todo en la regulación de la calidad del aire. Sin embargo, la aplicación de la normativa es poco rigurosa y muchas empresas no la cumplen. Los ecologistas han criticado que el nuevo gobierno se centre en los grandes proyectos de infraestructuras.
El país ha sido elogiado internacionalmente por su innovación proactiva, pero la política medioambiental nacional no ha seguido el ritmo. La importancia de la industria petrolera para la economía ha creado importantes barreras para una actividad política interna creíble.
CGEP: La reforma energética mexicana y sus perspectivas
Los gobiernos estatales y locales pueden implementar políticas y programas de generación distribuida para ayudar a superar las barreras de mercado y regulatorias para su implementación. Algunos ejemplos son los programas comunitarios de energías renovables, las opciones de propiedad de terceros y los procesos de interconexión, entre otros. Más información sobre políticas y programas de generación distribuida.
Los gobiernos estatales y locales pueden apoyar la reducción del uso del petróleo aplicando políticas y programas que promuevan el uso de vehículos avanzados y combustibles alternativos. Algunos ejemplos son la calidad del aire y las emisiones, las normas sobre combustibles renovables y las formas de reducir los kilómetros recorridos por los vehículos. Más información sobre políticas y programas de transporte.