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La punición populista toca fondo en 1995
En esta charla, David Garland considera el equilibrio entre la experiencia profesional y el sentimiento de la comunidad en la formulación de la política penal, especialmente cuando parecen predominar las consideraciones morales, más que las instrumentales. Plantea cuestiones teóricas y empíricas sobre la naturaleza de la “opinión pública” y cuestiones políticas sobre su estatus adecuado en el proceso democrático. Por último, considera las responsabilidades profesionales de los expertos en criminología en relación con la formación de políticas y el debate político.
El profesor David Garland es catedrático de Derecho Arthur T. Vanderbilt y profesor de sociología en la Universidad de Nueva York. Nacido y criado en Escocia, es licenciado por la Universidad de Edimburgo y enseñó allí de 1979 a 1997 antes de trasladarse a Estados Unidos. Garland es miembro de la Academia Británica y de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y autor de una serie de libros premiados sobre el castigo y la justicia penal, entre los que se encuentran Punishment and Welfare (1985), Punishment and Modern Society (1990), The Culture of Control (2001) y Peculiar Institution: America’s Death Penalty in an Age of Abolition (2010). Su libro más reciente, The Welfare State: A Very Short Introduction, será publicado por Oxford University Press a principios de 2016.
Diferencia entre derecho penal y civil
ISSN 1794-3108. Las palabras utilizadas para modificar tanto el statu quo relativo a la participación de las víctimas en el proceso penal como su intervención en la elaboración de la política criminal basada en la protección de los menores como eje que permita sacar adelante estos objetivos. Para ello se recurre a la situación evidenciada tanto en España como en Colombia, a partir de dos casos emblemáticos, los de Mari Luz (en España) y Garavito (en Colombia). En cualquier caso, la promesa de una reducción de los índices de criminalidad como efecto directamente proporcional a un aumento de las penas para este tipo de delitos, sobre la base de las tasas de encarcelamiento no se considera cumplida en el contexto nacional, y se limita a las directrices del populismo punitivo.Palabras clave
Populismo penal
El populismo penal es una forma de gobierno en la que los legisladores eligen las sanciones penales por su popularidad entre los votantes, en lugar de por su eficacia para hacer frente a la delincuencia y los problemas sociales[1]. La frase fue acuñada en 1993 por Anthony Bottoms,[2] cuando la calificó como una de las cuatro principales influencias en la justicia penal contemporánea. [3] Se ha teorizado que el auge del populismo penal ha traído consigo un aumento de la represión de las leyes penales de varias naciones, como la del Reino Unido,[4] la de Canadá bajo el primer ministro Stephen Harper,[5] y la de Estados Unidos durante la Guerra contra las Drogas[6].
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En la literatura criminológica coreana existente se sostiene que el populismo penal ha influido fuertemente en el sistema de justicia penal durante las dos últimas décadas en Corea del Sur (“SK”, en adelante). Su argumento se basa en la evidencia de las políticas penales punitivas formuladas en torno a los delitos sexuales contra los niños desde la década de 2000. Estas políticas incluyen el aumento de las penas mínimas para los delincuentes sexuales, el aumento de las penas máximas de prisión, el registro de delincuentes sexuales y la notificación a la comunidad, la vigilancia electrónica y la castración química.
Sin embargo, las tasas de encarcelamiento en SK, uno de los principales indicadores de la punición en otros países, disminuyeron rápidamente en la década de 2000 y desde entonces se han mantenido estables. Además, las tasas de encarcelamiento en este país son significativamente inferiores a las de otras sociedades en las que se ha producido un populismo penal, como Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda. ¿Por qué, entonces, los criminólogos de SK argumentan que el populismo penal ha florecido en SK en un momento en que las tasas de encarcelamiento no son lo suficientemente altas como para invocar la punitividad, y mucho menos la tendencia a la baja (y a la estabilización) de las tasas de encarcelamiento?