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Narcotráfico internacional y aplicación de la ley
El 26 de abril de 2020 escribí en este mismo espacio un artículo titulado “Cuarentena, estado de emergencia, estado de cumplimiento y pandemia en el Perú” en el que describía cómo el coronavirus había afectado el estado de derecho y los derechos humanos en el país. Entre otros puntos, destaqué que, a pesar de nuestras deficiencias institucionales y de la precariedad de nuestro sistema de salud, esta situación excepcional no había dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos ni a infracciones del Estado de Derecho, salvo en casos aislados.
En primer lugar, una crisis política y social sacudió al país, terminando con la destitución del ex presidente de la República, Martín Vizcarra, por un Congreso con segundas intenciones: fue declarado con “incapacidad moral permanente” por presuntos actos de corrupción que cometió cuando era gobernador de Moquegua, región del sur del país, pero la verdadera razón detrás de la determinación de “incapacidad moral permanente” fue que un grupo de parlamentarios quería ocupar su cargo. Esto ralentizó las negociaciones del Estado peruano con los laboratorios médicos internacionales y los esfuerzos para adquirir vacunas contra esta enfermedad, hasta el punto de que el nuevo gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti sólo pudo conseguir la llegada del primer lote de vacunas Sinopharm desde China el 13 de febrero de 2021. En comparación con otros países latinoamericanos, hemos sido de los últimos en poner en marcha una iniciativa de vacunación masiva y asegurar que haya suficientes vacunas para toda la población.
Lista de cárceles venezolanas
La criminología llegó a Perú a finales de la década de 1880, y con ella la promesa de explicaciones científicas del crimen y de políticas efectivas de control del mismo. Al igual que en Europa, los criminólogos peruanos también debatieron la importancia relativa de los factores biológicos y sociales en la explicación de las tendencias delictivas. Este artículo revisa la adopción y los primeros desarrollos de la criminología positivista en Perú. Muestra que las versiones más radicales del determinismo biológico fueron rechazadas por los criminólogos peruanos en favor de una interpretación “social” del delito. Pero mientras algunos enfatizaron la injusticia social y la pobreza como factores centrales detrás del crimen, la mayoría de los expertos peruanos prestaron más atención a los rasgos culturales y ” morales ” de los grupos inferiores, reforzando así la visión tradicional del crimen como un fenómeno moral asociado a ciertos grupos raciales, sociales y ocupacionales.
2Las representaciones del “problema delictivo” no respondían únicamente a causas o acontecimientos inmediatos, sino que se construían sobre una serie de discursos generalizados sobre las clases bajas y de color que solían confluir en una narrativa singular: la supuesta “degeneración moral” de las clases bajas de Lima, un fenómeno que supuestamente afectaba a determinados grupos raciales y sociales (negros, indios, chinos, la plebe urbana), a determinados entornos urbanos (algunos barrios de Lima), e incluso a determinados oficios (empleadas domésticas, peones, vendedores ambulantes). La “falta de moral” era una condición asociada a múltiples manifestaciones de la cultura de clase baja, y se explicaba por una combinación de factores, siendo uno de los más influyentes la falta de castigos severos. La noción consagrada de que la manera más eficaz de lograr el orden y la obediencia era el uso de la violencia y los castigos severos, se tradujo en paranoia una vez que se eliminaron las formas severas de control social, como la esclavitud o la pena de muerte.
Cárceles de Perú
Al igual que la mayoría de los países de la región latinoamericana, Perú aún no ha adoptado una estrategia nacional de ciberseguridad ni políticas relacionadas con la lucha contra la ciberdelincuencia. El Gobierno de Perú ha participado activamente en el marco de la Estrategia Interamericana para Combatir las Amenazas a la Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Perú es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con una ley independiente que castiga y sanciona el ciberdelito (Ley 30096 de Delitos Informáticos), vigente desde octubre de 2013 y posteriormente modificada por la Ley N° 30171, de fecha 10 de marzo de 2014 y que adopta -en cierta medida- algunas de las disposiciones de derecho sustantivo del Convenio de Budapest.
Mediante el Decreto Supremo N° 010-2019-RE, de fecha 10 de marzo de 2019, el Gobierno peruano ratificó el Convenio de Budapest. Este Convenio fue publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 22 de septiembre de 2019 y en él se señala que la fecha de su entrada en vigor es el 01 de diciembre de 2019.
Discriminación racial, religiosa, sexual, genética, por edad, por discapacidad, por idioma, por identidad étnica y cultural, por vestimenta, por opinión política o por condición económica a través de las tecnologías de la información y la comunicación (Art. 323 del Código Penal)
Las cárceles colombianas
Las instituciones judiciales son vitales para la consecución del doble objetivo del Banco Mundial de acabar con la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Los estudios empíricos demuestran el papel fundamental de la justicia para fomentar un entorno empresarial saludable, potenciar el crecimiento, mejorar el acceso a los servicios públicos (especialmente para los pobres), frenar la corrupción y restringir el abuso de poder. La justicia apuntala el proceso político protegiendo los derechos de las personas, facilitando la acción colectiva y permitiendo un compromiso creíble (WDR 2017).
Las instituciones de justicia incluyen los tribunales, los fiscales, los defensores públicos, los mecanismos de denuncia, los organismos anticorrupción y los ministerios de justicia, entre otros. Estas instituciones son la base del contrato social entre las personas y el Estado. Se ocupan de las infracciones de la ley, ofrecen reparación por las violaciones de los derechos y facilitan la resolución pacífica de los conflictos. También supervisan las instituciones estatales y hacen cumplir el papel regulador del Estado. Cuando las instituciones judiciales funcionan eficazmente, aumenta la responsabilidad, crece la confianza en el gobierno y los ciudadanos y las empresas pueden invertir con la seguridad de que sus derechos de propiedad serán protegidos.